Si pensamos que los medios de comunicación deben estar basados en cumplimentar los derechos a la información y al de la comunicación, respetando además la libre expresión y la libertad de prensa, entonces como sociedad democrática podemos considerar la posibilidad de reformular la ley establecida desde 1980, durante el gobierno de facto, firmada por Jorge Rafael Videla y que aún hoy sigue en vigencia.
Para abordar el tratamiento de un suceso político, económico, social y en este caso judicial, hay que tener en cuenta el contexto en el cual se desarrolló. En el caso de la ley de radiodifusión es necesario visualizar las políticas culturales e institucionales del gobierno de facto que irrumpió con el golpe de estado de 1976, e implementó terror y persecución sin fronteras con la excusa de una "Reorganización Nacional". Estos excesos de poder no vinieron solos sino de la mano de la Junta Militar conformada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera Y Orlando Ramón Agosti. Su política cultural fue altamente estratégica y planteó la necesidad de reformular la sociedad bajo un campo de batalla ideológico donde el asesinato, la tortura, la prohibición de obras, las listas negras y la quema de libros eran algunas de sus implementaciones más comunes. De esta forma se logró la embestida de una hegemonía cultural donde la centralización, lo funcional y el control sin límites llevaron a cabo la creación de un discurso único, lineal que imposibilitó la contra información.
Es imperioso entender que bajo el manto de terror masivo desplazado por los militares se desinformó a la sociedad a través del ocultamiento. Ésta era su política comunicacional, empapar los medios de una temible censura explícita y con una ferviente intervención estatal. Todo estaba controlado por el Estado, nada quedaba fuera de investigación. Así el Estado se convirtió en el único generador de noticias, la única fuente informativa y el principal anunciante de los medios.
Con este bagaje de acontecimientos, en marzo de 1980, y no por casualidad, durante el gobierno de videla ,y con su firma en puño y letra, se aprobó el decreto ley de radiodifusión 22.285. La ley era claramente autoritaria, dentro de sus lineamientos específicos garantizó como primera medida el control estatal pese a que los medios fueran de carácter privado. Un ejemplo claro de esto es el artículo siete de dicha ley, donde señala que: "los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que sea requerida para satisfacer las necesidades de la Seguridad Nacional". Queda claro que desearon establecer un abanico informativo que sustentara las políticas ideadas por la Junta Militar y además dejar afuera de éste a todos aquellos emprendimientos cooperativos, políticos, gremiales y alternativos y lo lograron y se perpetuaron, porque lamentablemente aún hoy sigue siendo de este modo.
Por otro lado, cualquier periodista o empresario del momento que quisiera llevar a cabo un programa televisivo, gráfico o radial debía rendirle cuentas al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), organismo autárquico del Estado Nacional responsable de regular, controlar y fiscalizar la instalación y funcionamiento de los medios en todo el país.
En este escenario político, económico y social resultó imposible hablar de libertad de prensa y peor aún hacer valer el derecho de libertad de expresión, que es aquel mediante el cual cada ciudadano puede difundir información pero al mismo tiempo debe exigir el derecho de recibirla oportunamente. Ésta libertad cumple la función de generar opinión pública, pero se logra sólo si los dos derechos son colectivamente aceptados y realizados.
Es imprescindible rescatar y exigir los derechos que tenemos como ciudadanos y sobretodo usufructuar los organismos estatales que aunque hayan sido mal utilizados por la dictadura militar, u otros tantos gobiernos, se pueden transformar. En cuanto a la ley de Radiodifusión, no todo está dicho. Se puede cambiar porque lo mas llamativo de la Ley no es su creación sino que aún siga vigente y lo más trágico es que después de 27 años sigamos regidos bajo los mismos mandatos judiciales que en la época de la dictadura militar. Es impostergable la reformulación de esta ley para que dejemos de perpetuar políticas anteriores por demás aberrantes.
Gisela Romagnolo.
