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Iribarne advirtió a los miembros de Casación que “no hay intocables”

El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, advirtió ayer que en la Argentina “no hay intocables” al señalar que “el presidente, los ministros y los jueces” están todos sujetos a juicio político, y además puntualizó que está “garantizado el derecho a defensa, siempre que sea evaluado por el Consejo de la Magistratura”, en referencia al tratamiento de los juicios políticos contra los represores de la última dictadura militar.
El presidente Néstor Kirchner criticó a los miembros de la Cámara de Casación y puntualmente al presidente del tribunal del Consejo de la Magistratura, Alfredo Bisordi, a quienes les recomendó que empezaran “a hacer su trabajo”, durante un discurso pronunciado el sábado último con motivo del aniversario número 31 del último golpe de estado, que se celebró en Córdoba.
El tema que preocupa al Poder Ejecutivo, según advirtió Iribarne, tiene que ver con “la demora en la justicia penal”, y agregó que trabajan diariamente para solucionar estos problemas y poder llevar a adelante una reforma en los procedimientos penales, para que no se “dilaten más estos procesos donde hay detenidos sin condena durante mucho tiempo”.
Estas declaraciones cayeron directamente sobre la espalda de Bisordi, quien aseguró que no va a “ceder” a ningún “apriete”.
Varios funcionarios salieron a defender a Iribarne y, por supuesto, a criticar la tardanza de la Cámara de Casación Penal. Entre ellos, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo, sostuvo que los dichos de Kirchner versaron de un “reclamo a un juez” y, que este derecho, “le cabe a cualquier ciudadano”.
Desde la vereda de enfrente (La Cámara de Casación) también hubo declaraciones poderosas. Una de ellas fue la del fiscal de la Cámara de Casación Penal, Juan Martín Romero Victorica, quién calificó de “altamente saludable” la declaración de la Corte Suprema de exigir al Gobierno “respeto a la honorabilidad” de los jueces. En clara oposición a las voces kirchneristas, y duramente, agregó que los retardos que se cometen “no son adrede” y las mayores demoras, “chicanas, han sido puestas por querellantes, que son parientes de las víctimas”.
Por su parte el ministro de Justicia advirtió que no se puede utilizar la carga de trabajo como “excusa” para justificar “retrasos” de años en expedientes vinculados con “violaciones a los derechos humanos”, y agregó que “menos aún si la demora en tramitar esos expedientes obligó a ordenar la libertad represores al vencerse los plazos legales”.
Gisela Romagnolo